Los contribuyentes pelearon como nunca antes en un primer trimestre los adeudos fiscales imputados por las autoridades, principalmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya que están controvertidos 205 mil 488 créditos, que suman el monto señalado, según el reporte.

La suma alcanzada en los primeros tres meses del año fue 27.1 por ciento superior al registrado en el mismo periodo de 2011, cuando los adeudos disputados alcanzaron 383 mil 932 millones de pesos.

En México, la factura había servido al mismo tiempo como comprobante de una operación mercantil así como un título de propiedad. Este documento además es retenido por una entidad financiera o bancaria mientras se liquida un crédito automotriz o como garantía.

En el caso de operaciones entre particulares, basta con un endoso en ese papel para ceder los derechos y obligaciones de una unidad.

Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) y distribuidores de sistemas de facturación electrónica se preparan para una nueva etapa de incorporación de contribuyentes al esquema de Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

De acuerdo con directivos y personas relacionadas con la industria de la facturación digital, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciará en mayo, de manera oficial, la eliminación de la facturación electrónica por propios medios o Certificados Fiscales Digitales (CFD).

Esto es, que aquellos contribuyentes personas morales que tienen más de 4 millones de pesos de ingresos al año, y por lo tanto están obligados a facturar electrónicamente, no podrán seguir emitiendo sus facturas por cuenta propia.

A partir de este mes, el cálculo del IETU será bimestral, destaca el decreto del Ejecutivo en materia de estímulos y facilidades fiscales en favor de los contribuyentes que incluye además otras medidas en relación con el IDE, ISR y dictamen fiscal.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo, señala que los intereses reales ya no serán acumulables, no será necesario presentar dictamen para la devolución del IDE y se libera de dictamen fiscal a las Pymes con ingresos inferiores a 40 millones de pesos anuales, entre las medidas más destacadas.

Fiscalistas consultados señalaron que varios de los beneficios que se incluyen en el decreto del 30 de marzo ya existían y en otros hay que esperar las reglas de operación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“De lo que se publicó el 30 (de marzo) muchos de esos beneficios ya estaban vigentes, solamente se hizo una compilación de ellos en varios casos”, explicó Felipe León, presidente del comité de estudios fiscales del IMEF.

Certificar y dar validez legal a su factura electrónica sólo puede ser a través de uno de los 46 Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no por los casi mil proveedores que ya hay en el País de comprobantes fiscales digitales, advirtieron especialistas.

El propio SAT en su página electrónica publica el listado y datos de cada uno de los 46 PAC que ha autorizado hasta febrero pasado, y señala que éstos son también Proveedores de Servicios de Expedición de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).

No corra riesgos y asegúrese que su proveedor de CFDI verdaderamente cumpla con todos los requerimientos establecidos en la Resolución Miscelánea 2012, y corrobore que los datos del PAC que certifica sus comprobantes electrónicos verdaderamente exista, a través del portal electrónico del SAT.

De lo contrario, la dependencia advierte que las sanciones por emitir o utilizar facturas electrónica que no reúnan los requisitos fiscales son las mismas penas aplicables al delito de defraudación fiscal, es decir, prisión a quien las deduzca o acredite, en función del monto defraudado.

Una discrepancia fiscal, cuando los gastos son mayores a los ingresos declarados ante Hacienda, puede costar hasta 6 años de prisión, por lo que hay que tomar previsiones, explican fiscalistas.

La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), en su artículo 107, establece que existe una discrepancia fiscal cuando una persona física realiza, en un año calendario, erogaciones superiores a los ingresos que hubiera declarado al fisco.

Para efectos de las revisiones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera como erogaciones los gastos, adquisiciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras, explicó Pedro Carreón, socio de impuestos de PwC.

Pues el 17 de mayo estrenarán su edificio central en la colonia Insurgentes San Borja.

Al parecer quieren hacer ruido. Realizarán conferencias que girarán en torno a un nuevo pacto con el fisco y sobre la reforma fiscal necesaria.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso la mira en las tarjetas de crédito bancarias de los contribuyentes en busca de irregularidades fiscales.

La dependencia está solicitando a bancos información sobre los plásticos de sus clientes, incluso de aquellos que no tienen ningún adeudo o crédito fiscal en firme.

“Se emite el presente requerimiento de información para fines fiscales, sobre los pagos realizados por sus cuentahabientes a las diversas tarjetas de crédito con las que cuenten, con el objeto de planear y programar actos de fiscalización”, dice el oficio enviado por la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT.

Las autoridades financieras requieren diseñar una regulación para crear un buró de crédito universal que contribuya a evitar el sobreendeudamiento de las familias, sugirió Héctor Rangel Domene, director general de Nacional Financiera.

Durante su participación en la 15 Asamblea de la red Prodesarrollo, que se integra por 100 microfinancieras exhortó a que todas las empresas, e incluso gubernamentales, que otorgan crédito, reporten esa información a los burós, de tal manera que se genere una base universal.

“Habría que trabajar en la regulación de todo el que da crédito, que no sólo son los bancos y los intermediarios financieros, hay muchas tiendas que dan crédito”, comentó.

Facturar electrónicamente no es exclusivo de grandes empresas, pues existen soluciones gratuitas, más accesibles y de bajo costo para los pequeños negocios.

Si usted es una persona física con actividad empresarial o posee un negocio pequeño, emitir facturas electrónicas no tiene por qué ser costoso.

Por ley, los 46 Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deben poner a disposición de los contribuyentes una opción gratuita para facturar.